REFORMA NECESARIA ANTES DE LA TRIBUTARIA

Antes de la reforma tributaria, así como el Poder Ejecutivo la está proponiendo en estos días, o simultáneamente con ella hay que emprender una reforma del Presupuesto General de la Nación en general y del gasto público en particular.

A.   REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO, porque la administración actual de la cosa pública adolece de:

·     Falta de meritocracia: Generalmente no se tienen en cuenta los estudios formales (títulos) e informales (adiestramiento del profesional por cuenta propia) así como tampoco experiencias técnicas acumuladas y similares para la contratación de funcionarios públicos. Por el contrario, se los contrata más bien por prebendas electorales, amiguismo, nepotismo y/o gratificaciones personales por relaciones íntimas.

·     Apropiación indebida de la recaudación tributaria vía varias leyes que la permiten. Las últimas tienen que ver con la “Matriz Salarial”, en su versión primera afectando los años 2012 y 2013, y también con la posterior (la “Nueva Matriz”) que entró a regir en los años siguientes. Con la Matriz se obliga legalmente al pago de remuneraciones siderales a altos funcionaros públicos independientemente de su capacidad o mérito profesional.

·     Saqueo ilegal y sistemático de los recursos del Estado en forma fraudulenta. Instrumentos frecuentemente utilizados a tal efecto son robos directos, estafas sofisticadas, manipulación dolosa de fondos y similares. El prontuario de los mismos es extraordinariamente grande, como en los últimos tiempos puede comprobarse diariamente en los medios tradicionales de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) así como en las redes sociales. Una búsqueda en internet, respecto de nuestro país, bajo “corrupción e impunidad” o “delitos económicos” y “crimen organizado” da una respuesta electrónica aplastante en cantidad y diversidad, con un denominador común: omnipresencia.

Tesis: La mega-corrupción y la omnipresente impunidad fomentan los abusos legales e ilegales de los recursos públicos. Son articuladas por los mismos Poderes del Estado y organismos auxiliares, con la complicidad de una parte del sector privado.

1.     GRAN EVASIÓN versus BAJA PRESIÓN TRIBUTARIA.

La conjugación de los mencionados factores y su efecto combinado en los gastos del Estado son pésimos para el manejo de la “cosa pública”. Esto está corroborado por numerosos casos y denuncias que han trascendido, hasta con detalles, en los medios de comunicación. La fortuna mal habida de numerosos funcionarios públicos y privados, en connivencia estos últimos con aquellos, es la expresión más contundente del desequilibrio constatado en el Presupuesto General de la Nación y en las Cuentas Fiscales: la evasión tributaria es alta (40% de la recaudación potencial), a pesar de que la presión tributaria es una de las más bajas del continente, y, por lo tanto, la recaudación está muy por debajo de los niveles que deberían ser normales. Ergo, el Estado no tiene disponibles recursos suficientes con los que atender sus objetivos básicos que son ayudar en términos técnicos y crediticios a la micro-economía así como fortalecer la seguridad jurídica y hacer asequibles en calidad y costo tanto la educación, la salud y la justicia social como el equilibrio ambiental.

a.     ARTICULAR MAYORÍAS REIVINDICATORIAS. Para superar ese estado de cosas hay que ir impartiendo educación cívica a todos los ciudadanos a los efectos de ir articulando mayorías en la opinión pública que posibiliten también mayorías a favor de una reforma integral hacia el desarrollo sostenible a través de partidos políticos que también en mayoría la apoyen. Sólo esto podrá conducir a que se las articulen en ambas Cámaras del Congreso Nacional para la sanción de leyes ad hoc y que el Poder Ejecutivo tenga la suficiente voluntad política para su promulgación, concibiendo políticas públicas hacia el desarrollo sostenible. Esto, a su vez, debe estar enmarcado en un Poder Judicial, conformado con criterios de meritocracia, independencia de partidos políticos y de grupos económicos de presión, brindando justicia pronta y barata. Magistrados honestos, capaces y expeditivos son sine qua non en este proceso de reforma integral.

b.  EDUCACIÓN CÍVICA. Como se ve, todo pasa por educación cívica, mayorías, meritocracia, eficacia y eficiencia así como honestidad y transparencia en la administración del Estado, entendido en su versión amplia: la sociedad jurídica y políticamente organizada en términos de instituciones sólidas, con suficiente presupuesto así como funcionarios probos, abarcando todos los sectores socio-económicos y ambientales tanto como todos los segmentos poblacionales, sin discriminación ni de raza ni sexo, ni de religión ni partidos políticos ni de ideas ni creencias, dentro de Estado de Derecho en democracia, regidos por ética y valores cristianos o similares.

Una vez que se vayan poniendo en práctica las mencionadas medidas imprescindibles para la reforma del sector público, a fin de subsanar la deformación estructural descripta arriba, debe emprenderse también una reforma tributaria. Se aborda esta última a continuación, dejando constancia de que lo que sigue es un resumen y que para mayor amplitud y profundidad se confiere a los estudios publicados regularmente en las columnas del “Consultorio Tributario”, del diario Ultima Hora de Asunción, así como en la página web www.rsa.com.py

B.   REFORMA TRIBUTARIA

Sólo una vez que se tomen las analizadas medidas imprescindibles (reducción de la evasión tributaria, eliminación de partes de la Matriz Salarial y castigo ejemplar a los estafadores del erario público) será oportuno debatir:

a)     Qué bases imponibles de qué impuestos serán ampliadas

b)    Qué deducibilidades y exenciones serán eliminadas.

c)     Qué tasas de impuestos vigentes serán bajadas y cuáles aumentadas.

d)    Y excepcionalmente qué nuevos impuestos serán creados.

I.                  BASES IMPONIBLES. Deberá determinarse claramente y ex ante qué procedimientos legales poner en vigencia para la base sobre la cual se aplicarán las tasas de los impuestos vigentes. Eso debe quedar establecido en la nueva norma legal, que en algunos casos podrá ser una nueva ley o solamente una nueva reglamentación (decreto y/o resolución).

II.               DEDUCIBILIDADES Y EXENCIONES. De la misma forma, debe quedar bien explícito cuáles deducibilidades y exenciones quedarán sin efecto legal. Del tipo y del número de las mismas dependerá un aumento considerable de la recaudación, al igual que en el punto anterior.

III.           TASAS DE IMPUESTOS A SER BAJADAS O AUMENTADAS

a)                IIR. Será necesario legislar mejor el impuesto inmobiliario rural (IIR). Los impuestos que se cobran por hectárea son ridículamente insignificantes. Habrá que establecer tasas diferenciadas por zonas del país así como por superficies boscosas y por agricultura comercial. En resumen, hay que mejorar recaudación y progresividad de los impuestos sobre propiedad inmobiliaria rural, con tasas bajas para tierras forestadas y altas para las deforestadas así como para tierras agrícolas comerciales.

b)                IVA. Deberá generalizarse la tasa del 10% para todos los bienes y servicios producidos, salvo dos únicas excepciones: los medicamentos y los productos de la canasta básica familiar, que deben permanecer en el 5%.

c)                 EQUIPARAR EL IRAGRO AL IRACIS + AUMENTOS EN IRP e ISC. Los impuestos a las rentas (agropecuarias e industriales y comerciales + personal) deberían tener como mínimo la tasa del 10%, agregándose un 5% para distribución de utilidades locales y versus el IRP para ingresos de nivel medio así como un 10% adicional para las utilidades remesadas al exterior y para el IRP de altos ingresos. Así las cosas, la tasa para la distribución de utilidades al exterior bajará al 10% adicional (actualmente es del 15%).

d)                ISC. Finalmente, sus tasas deben aumentar sustancialmente en el caso de tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, poniéndolas igual o cercanas al nivel regional.

C.   REFLEXIONES SOBRE MEDIDAS ADICIONALES

Próximamente se debería poner lupa sobre la necesidad de que la actividad agro-ganadera y forestal así como la producción agroindustrial, que procesa sus materias primas, pague también un “Impuesto a la Toxicidad” y otro a la “Deforestación”, evaluando ventajas y desventajas de esta nueva imposición.

Importante será reflexionar sobre políticas públicas que fomenten fortaleza macro y micro-económica con justicia social y equilibrio ambiental hacia el aumento de competitividad nacional e internacional de nuestros bienes y servicios, producidos localmente, dentro de las coordenadas del desarrollo sostenible, con plena vigencia de Estado de Derecho en democracia, bajo la égida de ética y valores cristianos o similares.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero

Asunción, 29 de marzo de 2019